El documento presentado en Londres, anunciaba en su párrafo introductorio lo que sería el talante de la Alianza y la previsión de lo que en esa época ya avizorábamos del gobierno Uribe: “Colombia requiere urgentemente la defensa y el fortalecimiento del Estado social de derecho, la solución política negociada al conflicto armado interno y la plena vigencia de los derechos humanos, del derecho humanitario, como imperativos para alcanzar la paz y la democracia.”[1] y finaliza el diagnóstico diciendo: “En conjunto, la política gubernamental se fundamenta en el incumplimiento de acuerdos establecidos con la comunidad internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario, en el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y población civil, en la ausencia de la búsqueda de la solución política negociada y en la inexistencia de políticas dirigidas a enfrentar la inequidad y la exclusión como fundamento para la paz y la democracia en Colombia. Por consiguiente, la política del gobierno contribuye a lesionar más a la población civil, agravar la crisis humanitaria y de derechos humanos y profundizar la inequidad social”.
Hoy, 8 años después, las urgencias son las mismas, agravadas en su gran mayoría, por las políticas del gobierno Uribe.
