Colombia enfrenta una prolongación indefinida del conflicto armado interno en medio de una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Dicha situación está acompañada de un deterioro de la situación social y económica de la mayoría de la población y de cambios regresivos en el régimen político. Tales cambios tienden a restringir las libertades democráticas y se encaminan a desmontar el proceso de construcción del Estado social y democrático de derecho y el reconocimiento de los derechos humanos logrados en la Constitución de 1991.

El Gobierno propone la conformación de un “Estado comunitario” que se caracteriza por el traslado de las funciones estatales a las comunidades sin dotarlas de medios o recursos para hacerlo –especialmente en materia de seguridad-; por la anulación de elementos esenciales del Estado social de derecho, como la independencia del poder judicial y el reconocimiento y la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales y por la anulación de los recursos judiciales idóneos para la protección de tales derechos. En efecto, el Gobierno propone reformas para limitar los alcances de las facultades de la Corte Constitucional, para restringir la procedencia de la acción de tutela –en concreto en casos de derechos económicos, sociales y culturales, el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, facultades permanentes para la detención de personas y la interceptación de comunicaciones sin orden judicial y la eliminación de la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Muchas de esas reformas se proponen a pesar de reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas a no adelantar ese tipo de reformas.

Las reformas laborales, pensiónales, fiscales y tributarias y la reestructuración de las empresas públicas impulsadas durante el último año han tenido como consecuencia el desfavorecimiento de las condiciones de la población colombiana y de los trabajadores y la pérdida de porciones importantes del patrimonio público mediante los procesos de liquidación y privatización desarrollados. Dichas reformas se han fundamentado en los acuerdos suscritos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y han pasado por alto la obligación del Estado de garantizar de manera progresiva el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Otras reformas, como las del Sistema Nacional del Medio Ambiente, centralizan y tienden a la privatización de la gestión ambiental y a retroceder en los niveles de participación hasta ahora alcanzados. De esa manera, se desconoce la necesidad de enfrentar la iniquidad y de respetar las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los convenios y recomendaciones de la OIT, así como los preceptos de derecho humanitario como fundamento para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible.


Ver más : LA SOLUCIÓN POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA SON EL CAMINO Documento presentado a la reunión de Londres del 9 y 10 de julio de 2003 por organizaciones colombianas de sectores sociales populares, de iniciativas de paz y de derechos humanos