La solucion politica y la democracia son el camino

(Documento presentado a la reunión de Londres del 9 y 10 de julio de 2003 por organizaciones colombianas de sectores sociales populares, de iniciativas de paz y de derechos humanos)

Colombia requiere urgentemente la defensa y el fortalecimiento del Estado social de derecho, la solución política negociada al conflicto armado interno y la plena vigencia de los derechos humanos, del derecho humanitario, como imperativos para alcanzar la paz y la democracia. En consecuencia, la cooperación internacional a Colombia, debería estar dirigida a apoyar las iniciativas que se inscriban en dichos parámetros y no contradigan las normas de derechos humanos y derecho humanitario, ni pretendan desmantelar el Estado social de derecho y promover la guerra y el escalamiento del conflicto, agravando nuestra terrible crisis humanitaria.

I. Valoración de nuestras organizaciones sobre las causas y el carácter de la crisis de derechos humanos y derecho humanitario y del conflicto armado

Colombia sufre desde hace muchos años una grave crisis política y social reflejada en un alto nivel de violencia sociopolítica. Dicha crisis se encuentra agravada por la existencia de un conflicto armado interno de carácter político cuya solución debe ser el resultado de una negociación política con participación autónoma de la sociedad civil, que incluya soluciones a problemas políticos, sociales y económicos. Dentro de dicho conflicto armado se presentan actos contra la población civil por parte de las guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales violadores de derechos humanos. Los homicidios políticos, las desapariciones forzadas, los asesinatos de personas socialmente marginadas, las torturas, los secuestros, las violaciones sexuales contra mujeres¹, el uso de armas no convencionales, el ataque a la población civil y al personal protegido como las misiones médicas, los desplazamientos forzados y otras múltiples formas de violencia sociopolítica son parte de la realidad colombiana desde hace muchos años y se han agudizado en forma alarmante en la última década. Una de las manifestaciones mas dicientes de las gravedad de esta situación es el asesinato de sindicalistas, que ha cobrado la vida de “más de mil quinientos de ellos sólo en la ultima década”, como lo recordó hace poco en su visita a Colombia el Ministro de Estado de la Cancillería Británica, Señor Bill Rammell². Las violaciones graves continúan sucediendo a un nivel alarmante. Entre julio de 2002 y junio de 2003, más de 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas o muertas en combate en razón de la violencia sociopolítica. Otro aspecto de esta realidad es el hecho de que la gran mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad³.

Esta crisis, en la que las violaciones a los derechos humanos han sido masivas y generalizadas, tiene como una de sus causas el deterioro de la situación social y económica de la mayoría de la población. En efecto, las condiciones de iniquidad, exclusión y pobreza en las que viven la gran mayoría de los habitantes del país y que enfrentan con mayor rigor las mujeres, las niñas y los

niños, la población campesina, los afrocolombianos y los pueblos indígenas se convierten en un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos. Dicha iniquidad es producto de la aplicación de un modelo económico excluyente. Adicionalmente la última década representó un retroceso en lo social. La concentración de riqueza y el coeficiente Gini pasó de 0,54 en 1980 a 0,58 en 2001, ubicándose por encima del promedio latinoamericano⁴; el 20% de los hogares más ricos concentran el 52% de los ingresos, mientras que el 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

La población que se encuentra por debajo de la línea de indigencia ha aumentado en los últimos diez años del 20 al 23%⁵. Aproximadamente ocho millones de habitantes rurales (el 69% de dicha población) están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales más de cuatro millones están en condiciones de indigencia⁶. El 57,3% de los propietarios, cuyas parcelas tienen menos de 3 hectáreas, posee el 1,7% del área predial rural a la vez que el 0,4% de los propietarios, que son dueños de predios mayores de 500 hectáreas, posee el 61,2% del área predial rural⁷. Las organizaciones campesinas señalan que de 120.000 familias campesinas beneficiadas con la reforma agraria, 70.000 se encuentran hoy desplazadas y despojadas de sus tierras. El 60% de la población desplazada corresponde a familias campesinas.

La iniquidad e injusticia afectan particularmente a aquellos sectores de la población históricamente discriminados. Las mujeres, por ejemplo, constituyen cerca del 52% de la población total del país y representan el 54% de la población pobre⁸. El hecho de que el 80% de la población afrodescendiente en Colombia viva en extrema pobreza⁹, es una grave muestra de la segregación racial y la marginalización en la que se encuentran las minorías étnicas. El índice de desempleo, que hace 10 años era del 11%, hoy asciende al 16%¹⁰; el nivel de cobertura del sistema de salud en el año 2002 fue del 53% de la población total, lo que implica la reducción de 4,6 puntos porcentuales respecto de 1997¹¹. La Defensoría del Pueblo ha señalado que cerca de tres millones de menores en edad escolar están fuera del sistema educativo, lo que significa un 21,5% del total de la población infantil¹². El modelo de desarrollo también ha generado una crisis ambiental representada en la disminución de los niveles de biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas y el aumento de la contaminación en el país.

Dichos factores de iniquidad, discriminación y de exclusión social, así como las dificultades para tramitar las diferencias por vías institucionales, guardan estrecha relación con la generación y reproducción de conflictos armados como el colombiano. Tal como lo afirmara la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para enfrentar el terrorismo y, en general, las situaciones de conflicto armado y violencia es necesario tomar medidas, no sólo coyunturales, sino también estructurales, enfrentando las causas de la inseguridad, entre ellas la dominación y la discriminación. La Alta Comisionada recordó los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, que se fundamentó en un enfoque amplio y universal de los derechos humanos que exige que los Estados concedan igual importancia a todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese marco, recordó que la extrema pobreza y la discriminación siguen siendo unas de las más graves causas de la inseguridad humana¹³.